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Chile tiene una larga tradición en encuestas de calidad para hogares, desarrolladas según los mejores estándares internacionales. El INE y la Universidad de Chile son las instituciones que por décadas han aportado a este patrimonio estadístico. Dentro de ese marco una de las encuestas más importantes es la CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional), que entrega información que permite medir la pobreza, la distribución del ingreso y la focalización del gasto social, entre otros aspectos. La última encuesta fue la de 2006 y corresponde aplicar una nueva versión en Noviembre del presente año. Para estos efectos, el Ministerio de Planificación convocó a una licitación actualmente en curso.

Los estándares de calidad mínimos de una encuesta exigen que la institución  que la realice aplique un cuestionario a la persona seleccionada dentro del hogar, previo consentimiento y garantía de que sus antecedentes personales no serán revelados. Ello, independientemente de quién sea la institución que contrata la encuesta. Esto es lo que comúnmente se conoce como secreto estadístico, cuyo respeto, además de ser relevante para la protección de los datos de los individuos encuestados, es fundamental para asegurar la calidad de la encuesta puesto que es evidente que el entrevistado responderá con mayor veracidad si es que se le asegura que los datos recabados no serán divulgados con su identidad.

Lamentablemente este principio fundamental está actualmente en peligro en nuestro país y nada menos que en relación con la Encuesta CASEN. MIDEPLAN ha establecido en sus bases de licitación de la Encuesta CASEN 2009 que la institución que se adjudique la encuesta deberá entregar todos los cuestionarios recabados en el trabajo de campo, incluyendo toda la información identificatoria de los individuos entrevistados. Esta norma conlleva una violación del secreto estadístico, lo cual, de por si, implica que la Encuesta que se realice bajo dichas condiciones, estará fuera de los estándares mínimos y sus resultados no podrán ser comparados con los recolectados en rondas anteriores.

¿Por qué razón MIDEPLAN ha adoptado esta decisión? ¿Para qué quiere tener los datos individuales de los encuestados? ¿Se trata de descuido, torpeza, o bien hay un objetivo específico que debiera ser revelado?

En el intertanto, la Universidad de Chile, que ha levantado todas las encuestas CASEN desde sus inicios y que participa en la presente licitación, ha argumentado que las bases de licitación no pueden contravenir la legislación vigente relativa al secreto estadístico y la protección de datos de las personas. No obstante, su propuesta ha sido decretada fuera de bases por defender el respeto al secreto estadístico.

Al parecer, estamos ante una situación en la que una institución pública se prepara para demoler parte importante del patrimonio estadístico chileno. Demás está decir que esto equivaldrá a despilfarrar los cuantiosos recursos públicos asociados (el levantamiento de la encuesta CASEN tiene un costo superior a los $1.000 millones). Es de esperar que MIDEPLAN corrija este error o bien que las instancias pertinentes puedan pronunciarse antes de que sea tarde.